El tribunal estudia la petición de prisión domiciliaria para la exmandataria.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa afirmó este lunes que la condena ratificada la semana pasada por la justicia argentina en contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solo forma parte de la persecución contra los líderes progresistas de América Latina que es impulsada por EE.UU.
«Esto es algo sistemático, la aplicación del ‘lawfare’, la guerra jurídica contra líderes progresistas (…) de América Latina, esta fue una estrategia que se racionalizó a nivel militar para neutralizar a dirigentes políticos, religiosos, sociales de Medio Oriente y se les ocurrió la buena idea de que con eso podían lograr en América Latina lo que no lograban en las urnas», afirmó el ex mandatario en entrevista con RT.
Correa recordó que esto fue lo que ocurrió con Fernando Lugo (Paraguay), Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Fernández de Kirchner y con él mismo en Ecuador, ya que a todos los atacaron con causas judiciales que no tenían sustento.
«Eso no es casualidad, es como las dictaduras de los años 70 (…) era una coordinación que se llamaba Plan Cóndor, hoy estamos ante un Plan Cóndor número 2, donde ya no desaparecen a la gente o vienen las botas militares no porque no quieran, sino porque no pueden, es demasiado evidente y utilizan métodos más sutiles como tratar de matar la reputación de líderes progresistas», afirmó.
También explicó que el intervencionismo de EE.UU. es fundamental en esta estrategia persecutoria. «Esto no puede darse sin una coordinación, y para que haya coordinación en América Latina está permitido o directamente impulsado por Estados Unidos, que nadie se engañe«, señaló.
Además, añadió, para el ‘lawfare’ sea efectivo, se necesitan dos factores: el poder mediático, que afecta la reputación de políticos progresistas con «canalladas» y genera consenso social sobre su culpabilidad aun sin pruebas; y el poder judicial, que tiene escritas las sentencias de antemano.
Marcha
La Suprema Corte de Justicia validó el martes pasado la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en contra de la expresidenta, quien fue encontrada culpable de cargos de corrupción, por lo que esta semana un juez deberá decidir si le otorga la prisión domiciliaria que ella misma ha solicitado.
Fernández de Kirchner anunció que el miércoles acudiría a los tribunales para escuchar el fallo sobre su reclusión, por los que sus seguidores convocaron a una marcha de apoyo que se prevé multitudinaria y que, según el portal TN, la justicia pretende desactivar dictando su resolución un día antes.
La defensa de la expresidenta alega que Fernández cumple tres requisitos para acceder a esa modalidad de prisión: tiene más de 70 años, su domicilio es custodiado las 24 horas por ser exmandataria y ya sufrió un intento de homicidio.
La marcha para acompañar a la exmandataria fue convocada el jueves de la semana pasada por sectores sociales, gremiales y militantes, en un encuentro en el que participaron autoridades del Partido Justicialista.
Un polémico proceso judicial
En diciembre de 2022, Fernández fue condenada tras un juicio que duró tres años y medio, que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad, y que inició en 2016, tras una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri.
Durante el proceso se investigaron 51 contratos de obras públicas obtenidos por el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. El tribunal encontró a la expresidenta culpable de administración fraudulenta en perjuicio del erario público por liderar un entramado irregular que benefició a Báez, quien era amigo de la familia Kirchner.
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