Ubicado en la localidad de Funes, pegada a Rosario, donde hubo 116 víctimas del terrorismo de Estado durante la Dictadura.
Es la primera vez que juzgarán casos de uno de los centros clandestinos que habrían funcionado en un predio de la Iglesia católica.
Por Luciano Couso. TELAM
El cuarto tramo de la megacausa conocida como «Guerrieri», que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Gran Rosario, llegará a juicio el próximo lunes con 17 acusados, 116 casos de víctimas de la represión ilegal y el posible reconocimiento de un centro clandestino en un predio de la Iglesia católica.
En el juicio oral, que llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, se analizará la suerte corrida por las víctimas del terrorismo de Estado en el circuito de seis centros clandestinos de detención que estuvieron bajo el mando operativo del II Cuerpo de Ejército, con sede por entonces en Rosario.
El fiscal del juicio, Adolfo Villate, dijo que es la primera vez que se juzgarán casos de uno de esos centros clandestinos, que habría funcionado en un predio de la Iglesia católica ubicado en la localidad de Funes, perteneciente a la congregación salesiana y llamado «Ceferino Namuncurá».
Según la investigación, al menos tres de las 116 víctimas cuyos casos llegan a juicio estuvieron detenidos ilegalmente en ese predio, aunque no existe certeza absoluta sobre el lugar porque «no se hizo un reconocimiento», dijo a Télam el fiscal Villate.
Se trata del abogado Eduardo Garat, que está desaparecido; el sacerdote Santiago Mac Guire, fallecido, y Roberto Pistacchia, que será testigo en el juicio oral.
De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de «Guerrieri» pero 62 de ellos nunca fueron juzgados.
«Después de haber transcurrido tres tramos de ‘Guerrieri’, que haya 62 víctimas nuevas habla de cómo sigue el proceso de reconstrucción y cómo siguen apareciendo víctimas, cuyos casos no han sido analizados», resaltó Villate.
Dijo que «la construcción del numero de los 30 mil (víctimas del terrorismo estatal) es un proceso, un trabajo de reconstrucción de la magnitud de lo que pasó».
Los imputados
Los acusados son Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach y Walter Pagano.
También Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; José Luis Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
Además, estuvieron procesados en la causa Roberto Mónaco y Luis Coronel, quienes fallecieron antes del juicio, y Pablo Raúl Vera, que no será juzgado por razones de salud, indicaron fuentes judiciales.
Los imputados son exmilitares del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, un grupo de Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaban al jefe de esa dependencia, Pascual Oscar Guerrieri, y exmiembros de la de la sede Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA).
Cinco de ellos nunca fueron juzgados por su participación en la represión ilegal durante la última dictadura.
Se trata de Faccendini, Retamozo, Tebez y Giai, miembros de la Policía Federal, y el exPCI Troncoso, cuya participación en el juicio aún está en duda por cuestiones de salud, abundaron las fuentes.
Durante el juicio, cuyas audiencias se celebrarán los lunes de cada semana y podría extenderse por dos años, se ventilarán hechos de homicidio, desapariciones forzadas, secuestros y torturas ocurridos en el circuito «concentracionario» formado por los centros clandestinos conocidos como «Quinta de Funes», «Escuela Magnasco», «La Intermedia», «La Calamita» y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas «Domingo Matheus».
A ellos se suma el predio religioso de la localidad de Funes por el que se cree que pasaron tres víctimas.
La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, Gabriela Durruty, representante de querellas particulares en el juicio, dijo que el proceso «viene a ensamblarse con todas las audiencias de debate que hasta ahora han permitido reconstruir el mapa represivo, el destino de compañeras y compañeros durante le represión ilegal y establecer identidad y responsabilidad penal de sus verdugos».
«Bajo el control operacional del Ejército, y con el Destacamento de Inteligencia funcionando como el sistema nervioso del entramado represivo, también actuaron fuerzas de seguridad, en este caso se juzga el accionar de la Policía Federal», sostuvo Durruty en declaraciones a Télam.
Por último, indicó que «el arco de imputados suma en este tramo entonces a la patota de la Federal y, afortunadamente, también a víctimas cuyos casos no han sido aún enjuiciados».
El Tribunal del proceso estará integrado, en esta oportunidad, por los jueces Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, informaron fuentes judiciales.
La Fiscalía y las querellas ofrecieron 347 testigos.